El gobierno de Juan Manuel Santos radico, el pasado 3 de octubre, la Nueva Ley de Educación Superior. Esta iniciativa debe ser rechazada, tanto por el procedimiento acogido para su elaboración, como por su contenido. El gobierno violento la autonomía universitaria, se limito a exponer sus puntos de vista y desestimo los de los estamentos y organizaciones universitarias, que fueron excluidos de la propuesta radicada ante el Congreso.
Juan Manuel Santos insiste, tratando de engañar, en que dicha reforma "no contempla el lucro en la educación superior"; sin embargo, todo el articulado se orienta a introducir la presencia del capital financiero en ella. Admite, por ejemplo, la creación de universidades de tipo mixto, en el que las instituciones publicas pueden recibir inversión de capital privado para costear su funcionamiento y con esto revelar al Estado de la financiación plena de la universidad. Se establece la autonomía administrativa y financiera de las universidades publicas y con ello que contraigan deudas con el sector financiero, sometidas al régimen de quiebras que se aplica a las empresas, y el crédito para centros educativos y estudiantes se convertía en el elemento clave del sistema.
Los capítulos y clausulas del Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos impusieron a nuestro país, al definir la presentación de servicios como negocios, entre los que esta la educación, concuerdan con el espíritu de la reforma santista. Se transforma a las universidades en empresas y al sector en mercado, donde la calidad poco importara.
Mi labor de catedrático universitario por mas de 20 años y la vinculación a la lucha social, me facilita comprender la gravedad de este proyecto y me obliga a pronunciarme en contra. Por eso participare en la jornada de protesta prevista para el 12 de octubre y celebro la copiosa votación de la consulta universitaria que rechaza el proyecto de ley. Soy el único candidato a la alcaldía que en el programa de gobierno inscribió acciones para enfrentar esa reforma, entre ellas la movilización. Es inaceptable omitir las lesivas implicaciones que este proyecto acarrea para el sistema universitario de nuestra calidad y, desde luego, para la Universidad Distrital.
Quienes creemos en una educacion científica, democrática y al servicio del desarrollo nacional combatimos esta reforma, nos resistimos a que sea objeto de lucro, y esperamos que el Congreso la niegue. Los estudiantes, profesores y trabajadores deben contar que esta posición, que he defendido por décadas, la mantendré a toda costa y en cualquier circunstancia.
Atentamente,
Aurelio Suarez Montoya, candidato a la alcaldía de Bogotá
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